¿Te despidieron de tu trabajo?

El Código del Trabajo parte de una premisa: el contrato de trabajo tiene vocación de indefinido y solo puede terminar por las causales que la ley enumera de manera expresa. No basta con que el empleador quiera poner término a la relación; debe invocar una causal legal, fundarla en hechos concretos y cumplir las formalidades del aviso.

Cuando el despido no se ajusta a esas causales, o cuando la carta de aviso no expresa los hechos y el derecho en que se funda, el trabajador puede recurrir a los Juzgados de Letras del Trabajo para que el despido se declare injustificado, indebido o improcedente. La consecuencia práctica es un recargo legal sobre la indemnización por años de servicio, que varía según la causal invocada.

Existen además dos vías que conviene evaluar en paralelo. La primera es la nulidad del despido por cotizaciones impagas, conocida como Ley Bustos: si las cotizaciones previsionales no estaban al día al momento del término, el despido no produce el efecto de poner fin al contrato y el empleador debe seguir pagando las remuneraciones hasta convalidarlo. La segunda es el procedimiento de tutela laboral, aplicable cuando el despido afecta derechos fundamentales del trabajador, que contempla indemnizaciones adicionales.

Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

Estos casos se rigen por la Ley N° 16.744, que crea un seguro social obligatorio de cargo del empleador. Cubre los accidentes ocurridos a causa o con ocasión del trabajo, los accidentes de trayecto entre la casa y el lugar de trabajo, y las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión. Las prestaciones —atención médica, subsidio por incapacidad temporal, indemnizaciones y pensiones de invalidez o sobrevivencia— las entrega el organismo administrador: una mutualidad como la ACHS, Mutual de Seguridad o el IST, o bien el Instituto de Seguridad Laboral.

El primer punto en disputa suele ser la calificación: si el organismo administrador estima que el origen es común y no laboral, esa resolución se reclama ante la Superintendencia de Seguridad Social. De esa calificación depende toda la cobertura posterior, así que conviene revisarla apenas se notifica.

Además del seguro, existe una vía distinta y compatible. El artículo 69 de la Ley N° 16.744 permite que, cuando el accidente o la enfermedad se deban a culpa o dolo del empleador, la víctima —y quienes hayan sufrido daño— demanden ante los tribunales laborales las indemnizaciones del derecho común, incluido el daño moral. Es una acción que se suma a las prestaciones del seguro, no las reemplaza, y se apoya en el deber de protección del artículo 184 del Código del Trabajo.

El plazo es más amplio que el del despido: las acciones para reclamar por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescriben en cinco años contados desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad.